La Fiscalía General de Colombia imputó a dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por su presunta participación en la fuga de un ciudadano venezolano señalado como integrante del Tren de Aragua, quien permanecía recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, mientras esperaba ser extraditado a Perú por un proceso por homicidio agravado. La autoridad judicial sostiene que ambos servidores públicos habrían recibido un soborno cercano a los 500 millones de pesos colombianos para facilitar el escape.

Los procesados son el dragoneante José Daniel Yunda Fajardo y el inspector Édgar Alfredo Melo Forero. La Fiscalía les atribuye haber incumplido diversos protocolos de seguridad, entre ellos dejar abierta la puerta del área de lavandería, omitir la verificación del interno durante los conteos reglamentarios y no activar la alerta de fuga ni registrar las novedades en la minuta de servicio. Estas omisiones habrían permitido que el recluso escapara el 1 de abril utilizando una cuerda elaborada con sábanas y prendas de vestir.

El ciudadano venezolano fue localizado y recapturado el 8 de mayo en Medellín, en el departamento de Antioquia. Tras la investigación, la Fiscalía presentó cargos contra los dos funcionarios por los delitos de favorecimiento de fuga y cohecho propio, aunque ambos rechazaron las imputaciones durante la audiencia inicial.

Una jueza de control de garantías ordenó que los dos imputados permanezcan privados de la libertad mientras avanza el proceso penal. El caso se suma a las investigaciones que mantienen las autoridades colombianas para combatir la infiltración del crimen organizado en el sistema penitenciario y frenar las operaciones del Tren de Aragua dentro y fuera de los centros de reclusión.