De acuerdo con datos recopilados por Amnistía Internacional, cuatro de cada 10 ataques contra periodistas y otro personal de medios de comunicación en México fueron probablemente perpetrados por funcionarios públicos.
El informe titulado “Nadie garantiza mi seguridad”: La urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas, reveló que entre octubre de 2012 y noviembre de 2023, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México documentó un total de 834 ataques.
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De esos incidentes, el Mecanismo determinó que 356 (43 %) podrían haber sido llevados a cabo por funcionarios públicos, mientras que 276 (33 %) fueron atribuidos a actores no estatales, incluyendo grupos de delincuencia organizada. En cuanto a los restantes 202 (24 %) ataques, no se logró identificar a los posibles culpables.
El informe destaca que a pesar del elevado número de ataques contra la prensa, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión sólo obtuvo 37 sentencias condenatorias por delitos contra periodistas, que abarcaron amenazas, robos, tortura y homicidios, con penas que oscilaron entre 2 días y 50 años de prisión.
Amnistía Internacional resaltó la impunidad como un factor crucial en la violencia contra periodistas en México, señalando que la gran mayoría de los ataques quedan sin castigo.
En los pocos casos en que se logran sentencias condenatorias, estas suelen ser contra los perpetradores directos de los ataques, sin llegar a los responsables intelectuales.