Alejandro Irarragorri, propietario de los clubes de futbol Santos Laguna y Atlas, fue declarado prófugo de la justicia tras no presentarse a una audiencia judicial el pasado 24 de marzo.

La Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión en su contra, en el marco de un proceso por defraudación fiscal que asciende a más de 17 millones de pesos. Aunque este delito no amerita prisión preventiva de manera automática, su inasistencia fue considerada como indicio de riesgo de fuga.

El directivo compareció previamente el 20 de marzo mediante videoconferencia, tras lo cual se citó una audiencia presencial. Sin embargo, Irarragorri no se presentó, argumentando motivos que el juzgado consideró insuficientes.

El acuerdo judicial indica que su omisión constituye una falta grave a la citación y, con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se le declaró sustraído a la acción de la justicia.

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La investigación en su contra surge de una denuncia de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que lo acusa de haber simulado pagos de indemnización por riesgo de trabajo a jugadores y cuerpo técnico del club Santos para evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante 2017.

La presunta maniobra incluyó el uso de un contrato colectivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, en lugar del marco laboral correspondiente al deporte profesional.

El club Santos respondió con un comunicado en el que cuestiona la legalidad de la orden de aprehensión, argumentando que Irarragorri no fue apercibido formalmente.

Además, rechazó lo que considera un intento de presión judicial. El caso ha generado una nueva controversia en torno al uso de estructuras fiscales dentro del futbol profesional mexicano y al papel del Estado en su fiscalización.