Entre la presión de la violencia y la urgencia de resultados, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó un mensaje de equilibrio: Michoacán, aseguró, podrá financiar su nuevo esquema de seguridad sin tocar el gasto social. Con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en marcha, el mandatario prometió que el presupuesto estatal de 2026 mantendrá estabilidad y que no habrá recortes a educación, salud ni programas de apoyo, pese al refuerzo de recursos destinados a seguridad, justicia e infraestructura penitenciaria.

Durante su conferencia de prensa, Bedolla detalló que el presupuesto programable del estado ascenderá a 62,000 millones de pesos, lo que representa un crecimiento nominal de 3.2 % respecto al año anterior. La inversión pública, estimada en 7,400 millones de pesos, se enfocará principalmente en obras carreteras y proyectos de agua potable, mientras que las áreas de salud y educación conservarán su asignación en términos reales, según confirmó la Secretaría de Finanzas.

El gobernador subrayó que la estrategia no implica recortes, sino una redistribución interna de recursos. Se incrementará el financiamiento a la Fiscalía General del Estado y a la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario, con el fin de combatir la extorsión operada desde los reclusorios, además de fortalecer la Guardia Civil Estatal, dentro del marco del llamado Plan Paricutín, alineado con la estrategia federal de seguridad.

El mensaje es político y económico a la vez: Michoacán busca mostrar que puede sostener su operación financiera sin recurrir a endeudamiento ni desproteger el gasto social, en medio de un despliegue federal sin precedentes.
No obstante, la promesa enfrenta un contexto adverso. La entidad sigue concentrando algunos de los indicadores más altos de violencia y extorsión del país, y cada ajuste presupuestal deberá probar que la estabilidad anunciada no es solo un ejercicio contable, sino una verdadera capacidad del Estado para resistir la presión del crimen y la desconfianza ciudadana.