El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, militante del partido Morena, generó gran controversia esta semana al lanzar un llamado público a la empresa inmobiliaria Grupo Proyecta para que done al estado dos hectáreas de terreno, con el fin de construir viviendas destinadas a elementos de la Policía Estatal.

En caso de negativa, advirtió que su gobierno podría iniciar un proceso de expropiación sobre un predio de cuatro hectáreas.

“Grupo Proyecta ha tenido mucha riqueza, se han beneficiado mucho… Ya es hora de que le den algo a Puebla”, declaró Armenta en conferencia de prensa. El mandatario señaló directamente a la familia Posadas Coeto, propietaria de la desarrolladora, y estableció un plazo de 30 días para que se concrete la donación, o, de lo contrario, procederá legalmente con la expropiación.

El predio en cuestión se encuentra en la zona de Lomas de Angelópolis, una de las áreas con mayor plusvalía del estado y donde Grupo Proyecta ha encabezado diversos desarrollos inmobiliarios de alto perfil. Esta zona se ha consolidado como uno de los principales corredores residenciales y comerciales de Puebla, con una fuerte presencia de inversiones privadas.

Hasta el momento, Grupo Proyecta no ha emitido una postura oficial en respuesta a lo dicho por el gobernador.

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Las declaraciones del mandatario estatal provocaron reacciones divididas. Mientras algunos sectores aplaudieron la intención de garantizar vivienda para elementos de seguridad pública, otros, incluyendo voces del sector empresarial, señalaron que la medida podría interpretarse como presión indebida sobre una empresa privada.

En redes sociales, usuarios también cuestionaron el mensaje que podría enviarse a futuros inversionistas.

En entrevistas posteriores, Armenta negó que se trate de una amenaza, y aseguró que su propuesta responde a una visión de “responsabilidad social empresarial”. También afirmó que la ley respalda la posibilidad de expropiar terrenos si existe una causa de utilidad pública.

¿Qué dice la ley?

De acuerdo con el marco legal vigente en México, las expropiaciones deben cumplir con requisitos específicos, entre ellos una justificación técnica, indemnización justa y procedimientos administrativos establecidos. No obstante, estos procesos suelen ser complejos y con frecuencia son impugnados en tribunales por los propietarios.

La intención detrás del proyecto

Este planteamiento del gobernador se da en el marco de una serie de declaraciones recientes donde ha enfatizado su intención de fortalecer a los cuerpos de seguridad del estado, incluyendo beneficios laborales y acceso a vivienda.

Sin embargo, no se ha detallado aún cuál sería el modelo financiero, ni si se contempla la participación de recursos federales o privados en la construcción del complejo habitacional propuesto.

Una controversia en desarrollo

El episodio ha reavivado el debate en torno al papel del gobierno estatal en la gestión del suelo urbano, así como la relación entre el poder público y los desarrolladores inmobiliarios.

La controversia sigue escalando en la agenda mediática local, mientras se espera la reacción formal de la empresa y posibles definiciones legales en las próximas semanas.