El gobierno de Estados Unidos dio marcha atrás a una parte de su estrategia para ampliar la capacidad de detención de migrantes al decidir que siete de los 11 almacenes adquiridos por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ya no serán convertidos en centros de detención y serán vendidos o transferidos a otras agencias federales.

La medida representa un cambio respecto al plan impulsado durante la administración del presidente Donald Trump, cuando la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, promovió la compra de 11 almacenes por cerca de mil millones de dólares para ampliar la infraestructura destinada a la detención de migrantes como parte de la política de deportaciones masivas.

De acuerdo con información publicada por un medio estadounidense, el DHS invirtió alrededor de 700 millones de dólares en la adquisición de los siete inmuebles que ahora dejarán de formar parte del proyecto. La decisión coincide con la llegada del nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien había expresado dudas sobre la viabilidad del plan y ha planteado que las acciones de control migratorio se lleven a cabo con un perfil más discreto.

El diario señala que la creación de una nueva red nacional de centros de detención se ha enfrentado a obstáculos administrativos, financieros y legales, mientras que las promesas de deportaciones masivas han chocado con la complejidad del sistema migratorio y los procesos burocráticos necesarios para expulsar a un gran número de personas.

Uno de los proyectos cancelados es el almacén ubicado en Roxbury, Nueva Jersey, cuya clausura fue celebrada por la gobernadora Mikie Sherrill. La mandataria aseguró que el inmueble fue diseñado como centro logístico para el manejo de mercancías y no para albergar a miles de personas, además de recordar que su administración presentó una demanda para impedir su apertura como centro de detención.

John Fabbricatore, exasesor sénior en temas migratorios del gobierno de Trump, afirmó que la compra de los almacenes fue una solución improvisada para acelerar la expansión del sistema de deportaciones. El proyecto contemplaba crear una red de 24 nuevos centros de detención, pero enfrentó el rechazo de comunidades locales, incluso de legisladores republicanos preocupados por el impacto en los servicios públicos, la economía y el posible aumento de protestas.