La Administración del presidente Donald Trump incluyó a más de seis mil migrantes, en su mayoría de origen latino, en la base de datos oficial de personas fallecidas del Seguro Social, lo que elimina su acceso a permisos de trabajo y beneficios sociales.

Según reveló The Washington Post, esta decisión fue tomada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como parte de una estrategia para incentivar la autodeportación de migrantes indocumentados.

La medida se sustenta en dos memorandos internos firmados recientemente, que autorizan al Seguro Social a registrar como fallecidos a ciertos migrantes por razones de seguridad nacional.

Entre los afectados se encuentran personas cuyo estatus legal expiró y aquellas vinculadas a programas migratorios aprobados durante el mandato de Joe Biden. Algunas están también incluidas en la lista de vigilancia terrorista del FBI, según fuentes oficiales.

Elizabeth Huston, portavoz de la Casa Blanca, justificó la política al señalar que “eliminar el incentivo monetario” reducirá la permanencia de personas sin documentos.

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No obstante, empleados del Seguro Social han expresado dudas sobre la legalidad de la práctica, al considerar que se estaría violando la legislación de privacidad al declarar muertas a personas vivas con conocimiento de causa.

La estrategia migratoria de Trump incluye otras acciones polémicas, como la revocación de permisos migratorios, una aplicación móvil para solicitar la deportación voluntaria, y la colaboración con cárceles extranjeras para confinar a individuos vinculados al crimen organizado.

La iniciativa marca un endurecimiento sin precedentes en la política migratoria estadounidense, generando preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos.