El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México desmintió las versiones difundidas en diversos medios de comunicación sobre un supuesto operativo para resguardar u ocultar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y aseguró que no existe ninguna acción destinada a proteger a funcionarios bajo investigación.

A través de un pronunciamiento, las autoridades federales calificaron como falsas las versiones que señalaban que fuerzas del Ejército habían trasladado o mantenían bajo resguardo al mandatario estatal en instalaciones militares.

El Gobierno federal afirmó que Rocha Moya no se encuentra bajo protección de las Fuerzas Armadas y reiteró que no existe ninguna operación para ocultar a personas que enfrenten investigaciones, ya sea por autoridades mexicanas o extranjeras.

El posicionamiento surge luego de que en los últimos meses autoridades de Estados Unidos señalaran a diversos funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa dentro de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico, lo que ha incrementado el escrutinio sobre la clase política del estado.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó el mensaje del Gabinete de Seguridad y sostuvo que su administración mantiene vigente el tratado de extradición con Estados Unidos, por lo que rechazó que exista protección para personas señaladas por la justicia estadounidense.

“La política de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales”, afirmó la mandataria, al insistir en que su gobierno no encubre a ninguna persona requerida por autoridades nacionales o internacionales.

Sheinbaum agregó que cualquier solicitud formal de cooperación o extradición será atendida conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos internacionales vigentes entre ambos países.

El Gobierno federal reiteró que continuará colaborando con las autoridades correspondientes en las investigaciones relacionadas con el crimen organizado y aseguró que las instituciones de seguridad actúan bajo criterios de legalidad, sin excepciones por razones políticas o personales.