El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, rechazó de manera categórica cualquier posibilidad de entablar diálogo con grupos criminales, luego de que el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, planteara la necesidad de abrir espacios de conversación incluso con actores que operan al margen de la ley, como una vía hacia la pacificación del estado.

Durante una conferencia con medios, el mandatario estatal fue tajante:

“No habrá diálogo con criminales ni con generadores de violencia. La política de seguridad del gobierno es clara: aplicar la ley, no negociar con quienes atentan contra la paz”, afirmó.

El gobernador recordó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se recurrió a estrategias fallidas como el involucramiento de exmilitares colombianos en supuestas tareas de pacificación, lo que –dijo– derivó en la entrega de armas a los grupos de autodefensa en Michoacán, una decisión que, aseguró, agravó el problema de la violencia en lugar de resolverlo.

Las declaraciones del mandatario surgen en un contexto de creciente inseguridad en el estado, con cifras oficiales que reportan múltiples homicidios diarios y regiones donde la presencia de grupos armados continúa siendo un desafío persistente para las autoridades.

Mientras tanto, el debate público sobre los métodos para lograr la paz en Michoacán se intensifica entre quienes apuestan por el diálogo y quienes sostienen que la justicia debe prevalecer sin excepciones.