El Gobierno de Michoacán insistirá en que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones por el caso Arantepacua 2017.

La intervención policial del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, que dejó cuatro comuneros muertos, decenas de casos de tortura y detenciones injustificadas, no ha llegado a su final.

Entre los puntos que se discuten, destaca que el actual fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, fungía como secretario de gobierno en abril del 2017, por lo que se advierte un posible conflicto de intereses en las investigaciones.

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A ocho años de la trágica intervención en la comunidad purépecha, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que, como representante del Ejecutivo, está listo para pedir una disculpa pública a la comunidad por el abuso del Estado.

Dejó en claro que, si bien no fue en su administración, están garantizando la reparación del daño a la población.

En los últimos dos años, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Michoacán detalló que la reparación del daño está en marcha; se construyó un hospital, una unidad deportiva y una escuela.

Para este sábado se esperan manifestaciones en Morelia. Cada año, la protesta por Arantepacua deja cuantiosos daños en la infraestructura pública estatal y del Centro Histórico.