El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ha oficializado el inicio del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), empresa estatal encargada del suministro de agua potable y saneamiento.
Según confirmó el portavoz presidencial Manuel Adorni en rueda de prensa desde la Casa Rosada, el Estado transferirá el 90 % de las acciones al capital privado, mientras que el 10 % restante quedará en manos de los empleados a través de un programa de propiedad participada.
Adorni justificó la decisión argumentando que desde 2006, cuando AySA fue estatizada, ha recibido más de 13 mil 400 millones de dólares en aportes del Tesoro.
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Además, señaló que la plantilla de empleados creció 90 % en ese periodo y que el nivel de morosidad de los usuarios pasó del 4 % al 16 %. “La privatización permitirá modernizar el sector y mejorar la calidad del servicio”, declaró.
La medida forma parte del amplio plan de desestatización impulsado por el Ejecutivo de Milei, quien desde el inicio de su mandato ha promovido un modelo económico liberal basado en la reducción del gasto público y la retirada del Estado de la actividad empresarial.
En enero pasado, la primera empresa en ser privatizada fue la metalúrgica Impsa, vendida por 27 millones de dólares a la estadounidense Arc Energy.
El anuncio ha generado reacciones diversas. Mientras sectores empresariales celebran la medida como una oportunidad para dinamizar la inversión y mejorar la eficiencia del servicio, organizaciones sindicales y sociales han manifestado su preocupación por el posible impacto en tarifas y acceso al agua en zonas vulnerables.
El proceso legislativo aún deberá ser ratificado por el Congreso, donde se espera un debate intenso en las próximas semanas.