La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, anunció que enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma para homologar el delito de feminicidio en todo el país, establecer sanciones más severas y unificar los protocolos de investigación con perspectiva de género.

Durante la presentación del proyecto, la titular de la Fiscalía General de la República subrayó que la propuesta busca garantizar justicia para las víctimas y atender una deuda histórica en materia de investigación de la violencia feminicida.

“Reconocemos con plena conciencia que hablar de feminicidio no solo es hablar de cifras o de normas jurídicas. Es hablar de vidas que fueron arrebatadas y de una deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia a las mujeres y familias víctimas de este flagelo social”, expresó.

La fiscal explicó que la iniciativa contempla una reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de prevención, investigación y sanción del feminicidio, mediante modificaciones al artículo 73 de la Constitución. El objetivo es homologar el tipo penal y las sanciones en todas las entidades federativas.

Godoy Ramos detalló que la propuesta fue elaborada de manera conjunta entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres, y plantea reconocer el feminicidio no solo como delito, sino como una grave violación a los derechos humanos, lo que obligaría al Estado mexicano a implementar acciones estructurales en el ámbito legislativo, judicial y de políticas públicas.

Entre los principales cambios se establece que el delito de feminicidio sea castigado con penas de 40 a 70 años de prisión, además de multas que van de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 234 mil pesos en su rango máximo.

Asimismo, la tentativa de feminicidio será sancionada con penas de entre la mitad y dos terceras partes de la condena prevista para el delito consumado.

La iniciativa también reconoce nueve razones de género para acreditar el delito, entre ellas la presencia de violencia sexual, lesiones o mutilaciones degradantes, antecedentes de violencia por parte del agresor, existencia de relaciones de poder o subordinación, incomunicación de la víctima, estado de indefensión y la exposición del cuerpo en un lugar público.