El Gobierno de México trabaja en una metodología única para evaluar a aspirantes a cargos de elección popular y detectar posibles vínculos con el crimen organizado de cara a las elecciones de 2027.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el mecanismo se desarrolla en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) y permitirá identificar posibles “riesgos razonables” en los perfiles de los candidatos.

La propuesta contempla que los partidos políticos puedan entregar voluntariamente sus listas de precandidatos al INE, para que instituciones de seguridad revisen información oficial, como carpetas de investigación, bloqueos de cuentas y otros registros, y posteriormente emitan un dictamen sobre cada perfil.

En el diseño participan la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y áreas de inteligencia del gobierno federal.

Durante la conferencia presidencial en Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el mecanismo, pero aclaró que las evaluaciones se realizarán exclusivamente con información de instituciones mexicanas. Por ello, descartó que decisiones tomadas por gobiernos extranjeros, como la cancelación de visas de Estados Unidos, determinen la participación de algún aspirante en las elecciones.

El INE inició formalmente este jueves el proceso electoral rumbo a junio de 2027, cuando estarán en disputa los 500 escaños de la Cámara de Diputados y 19 mil 609 cargos locales, incluidas las gubernaturas de 17 estados.