A dos años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como “inconstitucional” la penalización del aborto, dos terceras partes del país han caído en desacato del mandato judicial.

De las 32 entidades federativas, solo 11 actualizaron sus códigos penales y la legislación local para permitir el acceso parcial a la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas.

Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Aguascalientes lograron modificar desde sus congresos el tipo penal del aborto.

No obstante, otros 21 estados de la República, entre los que destacan el Estado de México, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y el sur del país, ostentan rezagos legislativos de más de 20 años en números reales.

Te puede interesar: Estados siguen criminalizando el aborto pese a despenalización

La resolución

En septiembre de 2021, la SCJN decretó que ninguna mujer podía ir a prisión por abortar, lo que condiciona a jueces a desechar los casos penales que llegaban a sus manos, imputados por las fiscalías estatales.

En ese mismo contexto, se ordenó a los poderes legislativos de los estados a retirar el tipo penal de sus legislaciones y a garantizar el acceso a la salud; instrucción que poco o nada se cumplió.

Para 2023 vino otro triunfo para “la marea verde” a través de la SCJN, donde aunado a la despenalización del aborto, se logró obligar a las instituciones de salud pública federales como el IMSS, ISSSTE, sistemas de salud estatales y a Pemex a ofrecer el servicio de aborto de forma gratuita.

A pesar de los logros en la corte, el desacato de los estados ha llevado a cientos de mujeres a enfrentarse a procesos judiciales y a la negativa de los servicios de salud en los hospitales públicos; en lo que va del año, suman 587 mujeres que enfrentan carpetas de investigación por abortar en todo el país.