En uno de los mayores golpes recientes al tráfico ilegal de vida silvestre en México, autoridades federales rescataron más de 2,300 tortugas vivas y decomisaron más de dos toneladas de productos marinos protegidos, entre ellos aletas de tiburón, buches de totoaba y pepino de mar, durante una serie de cateos realizados en domicilios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El operativo, encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se llevó a cabo tras una investigación de inteligencia que permitió detectar inmuebles utilizados como centros de acopio y procesamiento de especies en peligro de extinción. Las diligencias se efectuaron los días 25 y 28 de septiembre, y derivaron en el aseguramiento de tres personas identificadas como presuntos responsables de delitos contra la biodiversidad y delincuencia organizada.

De acuerdo con los informes oficiales, en el primer domicilio cateado se encontraron 2,339 ejemplares de tortuga de diferentes especies, muchas en condiciones críticas de salud, y algunas ya sin vida. Los inspectores también localizaron 2,271 kilogramos de productos marinos congelados, entre ellos aletas de tiburón, buches de totoaba y alrededor de 525 kilogramos de pepino de mar, todo almacenado en contenedores de gran tamaño con sistemas de refrigeración.

En una segunda intervención, realizada tres días después, se aseguraron tres loros frente blanca (Amazona albifrons) y tres iguanas verdes (Iguana iguana), ambas especies protegidas por la legislación mexicana y listadas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Los ejemplares vivos fueron trasladados a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), donde reciben atención veterinaria especializada, mientras que los ejemplares sin vida quedaron bajo resguardo para análisis forenses que determinen las causas de muerte.

Los productos marinos y los especímenes asegurados fueron valuados en más de 133 millones de pesos en el mercado negro, principalmente por su demanda en Asia y Estados Unidos. De acuerdo con la FGR, los implicados, identificados como Yaoqin “S”, Miguel “A” y Marco “C”, formarían parte de una red dedicada al acopio y exportación ilegal de especies marinas protegidas, con ramificaciones que alcanzan los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa.

El Ministerio Público Federal presentó cargos por delitos ambientales y delincuencia organizada, logrando la vinculación a proceso de los tres detenidos. Un juez de control impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.

La titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, calificó el operativo como “un ejemplo de coordinación efectiva entre instituciones” y advirtió que el tráfico de especies silvestres constituye uno de los delitos ambientales más rentables y dañinos para la biodiversidad nacional. “Cada ejemplar que logramos rescatar representa una victoria frente a redes que lucran con la vida de seres que deberían habitar en libertad”, señaló.

México ocupa un lugar prioritario en el combate internacional contra el tráfico de especies, especialmente en lo relativo a la totoaba (Totoaba macdonaldi), pez cuya vejiga natatoria, el llamado “buche”, puede alcanzar precios de hasta 60,000 dólares por kilogramo en el mercado chino. La caza furtiva de esta especie ha tenido consecuencias devastadoras para el ecosistema del Alto Golfo de California y ha puesto al borde de la extinción a la vaquita marina, su víctima colateral más emblemática.

El aseguramiento en Guadalajara subraya que las redes criminales dedicadas a este comercio no se limitan a las zonas costeras. En los últimos años, la FGR y la Profepa han detectado rutas terrestres de contrabando que conectan los estados del Pacífico con los centros de almacenamiento en el occidente del país, desde donde los productos son enviados al norte para su exportación clandestina.

Mientras las autoridades federales amplían la investigación para identificar a más integrantes de la red, los ejemplares rescatados permanecen bajo resguardo y rehabilitación. Se espera que, tras su recuperación, una parte de las tortugas pueda ser liberada en su hábitat natural, mientras que los demás animales quedarán bajo protección en centros especializados.

El operativo no solo representa un avance judicial, sino también un recordatorio del tamaño del desafío ambiental que enfrenta México. Entre el comercio ilícito, la demanda internacional y la falta de vigilancia, la vida silvestre del país sigue siendo blanco de una industria criminal que mueve millones, pero cuyo costo ambiental y moral resulta incalculable.