El Gran Consejo Maya de Quintana Roo manifestó su rechazo a la propuesta de Ley General de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, al considerar que el proyecto no reconoce de manera suficiente la autonomía y las formas de organización de las comunidades mayas.

La organización sostiene que la iniciativa deja fuera aspectos relacionados con la autodeterminación de los pueblos originarios y puede limitar el reconocimiento de sus propias estructuras de representación y toma de decisiones.

El posicionamiento ocurre en medio de la discusión sobre la manera en que las instituciones públicas deben reconocer los derechos de los pueblos indígenas y sus autoridades tradicionales. En el caso de Quintana Roo, el Gran Consejo Maya ha planteado que cualquier modificación al marco jurídico debe considerar la participación directa de las comunidades.

La inconformidad también se relaciona con el reconocimiento de las autoridades indígenas y el alcance de su autonomía frente a las instituciones gubernamentales. El debate incluye la aplicación de las reformas al artículo 2 de la Constitución mexicana, que reconoce derechos vinculados con la libre determinación, autonomía y sistemas normativos de los pueblos indígenas.

El Gran Consejo Maya ha sostenido que las modificaciones legales deben realizarse mediante procesos de consulta y con participación de las comunidades, para evitar que las decisiones sobre sus derechos y formas de organización sean tomadas únicamente desde las instituciones gubernamentales.

La discusión se suma a otros cuestionamientos recientes en Quintana Roo sobre la representación de los pueblos mayas y el reconocimiento de sus autoridades tradicionales, en particular frente a asuntos relacionados con su cultura, patrimonio y autonomía.