El Gobierno de Grecia presentó una iniciativa para prohibir el acceso a redes sociales a menores de quince años, en un esfuerzo por atender preocupaciones sobre la salud mental y la seguridad de adolescentes ante el uso intensivo de plataformas digitales. La medida fue propuesta por la ministra de Protección Social y Familia, y forma parte de un paquete de políticas dirigido a regular el entorno digital en función de salvaguardar el bienestar de la infancia y la juventud.

Según lo anunciado por las autoridades, la restricción abarcaría el acceso a redes sociales populares que permiten interacción, intercambio de contenido y comunicación entre usuarios, y estaría acompañada de mecanismos de verificación de edad que exijan documentación oficial para confirmar la mayoría mínima requerida para registrarse. El objetivo declarado es limitar la exposición de menores a contenidos potencialmente nocivos, adicciones tecnológicas y riesgos asociados con el acoso en línea.

La iniciativa contempla también campañas de concientización dirigidas a familias y escuelas, así como el fortalecimiento de controles parentales y educativos para fomentar un uso responsable de dispositivos conectados, con la intención de equilibrar la presencia digital con actividades formativas y sociales fuera de internet. El gobierno griego indicó que la regulación se perfila como un modelo que podría inspirar a otros países preocupados por efectos psicológicos y sociales atribuidos al uso temprano y sin supervisión de redes sociales.

Organizaciones defensoras de derechos digitales y libertades civiles han manifestado opiniones divididas sobre la propuesta, señalando que, aunque comparten inquietudes sobre la protección de menores, es necesario garantizar que medidas de este tipo respeten principios de privacidad y no obstaculicen aprendizajes tecnológicos esenciales. En paralelo, expertos en desarrollo infantil han planteado la importancia de acompañamiento familiar y educación digital más allá de las prohibiciones.

La propuesta se encuentra en fases de discusión parlamentaria y de consultas con distintos sectores de la sociedad, y de ser aprobada implicaría ajustes en las políticas de plataformas tecnológicas, en coordinación con entidades europeas encargadas de la regulación digital y de protección de datos personales.