La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, advirtió que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene las restricciones aprobadas por el Congreso de Michoacán para las candidaturas independientes. La declaración la hizo este lunes en Ciudad de México, mientras permanecía pendiente la discusión de la reforma electoral estatal.

La Acción de Inconstitucionalidad 69/2026, promovida por Movimiento Ciudadano, impugna modificaciones al Código Electoral de Michoacán contenidas en el Decreto 476, publicado el 27 de mayo. Entre las nuevas reglas se establece que las candidaturas independientes deben realizar campañas de manera individual, sin actos conjuntos, propaganda compartida, símbolos, plataformas o estrategias coordinadas.

El proyecto elaborado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García planteaba mantener la validez de esas restricciones, pero invalidar algunas disposiciones relacionadas con sanciones basadas en conceptos considerados ambiguos, como la percepción de que varios candidatos independientes integran un bloque o agrupación. La opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral también consideró constitucional la prohibición de campañas conjuntas y cuestionó otros términos utilizados para sancionar a los aspirantes.

Sin embargo, la SCJN retiró este lunes el expediente de la sesión pública y dejó pendiente su discusión. Quiroz señaló que permanecerá atenta a la resolución y sostuvo que la defensa de las candidaturas independientes continuará por las vías nacionales e internacionales.

La alcaldesa ha cuestionado la reforma porque considera que limita la posibilidad de competir por cargos públicos sin el respaldo de un partido político. El tema tiene especial relevancia para su movimiento, debido a que busca mantener una vía independiente de participación política rumbo al proceso electoral de 2027.

Quiroz afirmó que, si la Corte avala las restricciones aprobadas por el Congreso michoacano, su equipo analizará acudir a instancias internacionales para defender el derecho de participación política mediante candidaturas independientes.