Grecia Quiróz colocó nuevamente bajo escrutinio el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, al señalar inconsistencias en las primeras detenciones y en el papel del equipo de seguridad que lo acompañaba el día del ataque.

Sus observaciones reactivaron un expediente que avanzaba con lentitud y abrieron una discusión pública sobre la actuación de los cuerpos de seguridad.

La presión derivó en un nuevo impulso institucional. El 11 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ordenó que los escoltas del primer círculo de Manzo fueran llamados otra vez a declarar para aclarar su participación antes, durante y después del atentado.

Las declaraciones previas de Quiróz habían cuestionado directamente la coordinación del operativo y la reacción de los elementos encargados de su protección.

Tras ese giro, la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de siete funcionarios públicos relacionados con el caso, como parte de una revisión interna que se intensificó después de revelarse contradicciones en las primeras versiones.

En paralelo, crecieron las dudas sobre el desenlace de los presuntos responsables.

La muerte del joven de 17 años señalado como autor material, ocurrida por un disparo después de haber sido detenido, se convirtió en uno de los puntos más tensos del proceso.

Quiróz insistió en que debía investigarse si el fallecimiento correspondió a un uso desmedido de la fuerza o a una posible ejecución extrajudicial.

A ese hecho se sumó el hallazgo posterior de otros dos implicados, ejecutados y abandonados en la carretera Uruapan–Paracho, en Capácuaro.

La similitud en las circunstancias reforzó la exigencia de revisar a fondo el manejo de los asegurados y la actuación del operativo inicial.

Las investigaciones permanecen abiertas. La demanda central de Quiróz, esclarecer la muerte de los sospechosos y el rol de los agentes involucrados, se ha convertido en el eje que determinará si el caso avanza hacia la justicia o hacia un capítulo más de opacidad.