La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al intento de Rubén Rocha Moya de retomar sus funciones como gobernador de Sinaloa y sostuvo que el mismo criterio debe aplicarse a cualquier funcionario que tenga presuntos vínculos con la delincuencia organizada, sin importar su partido político.

Durante su visita a la Ciudad de México, la presidenta municipal consideró que la postura del gobierno federal debe extenderse a todos los estados y servir para evitar que servidores públicos señalados por actividades ilícitas permanezcan en sus cargos.

Quiroz destacó que la relación que mantiene con Sheinbaum ha sido respetuosa y agradeció el respaldo de la Federación en materia de seguridad para Uruapan, particularmente mediante la presencia del Ejército y la Guardia Nacional.

La alcaldesa acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde estaba previsto el análisis de la acción de inconstitucionalidad 69/2026, relacionada con diversas reformas al Código Electoral de Michoacán.

Expresó su rechazo al proyecto del ministro Arístides Guerrero, al considerar que valida restricciones para las candidaturas independientes en el estado. Sin embargo, el pleno decidió dejar el asunto en lista para una discusión posterior.

Quiroz advirtió que, si las nuevas disposiciones dificultan su participación política, continuará trabajando desde la organización social y junto con la ciudadanía.

“Con cargo o sin cargo hemos estado ayudando a la ciudadanía”, sostuvo al señalar que su compromiso con la población no depende de ocupar un puesto público.

La alcaldesa también dijo desconocer si existen influencias externas detrás del proyecto que analiza la Corte, aunque mencionó que recientemente diputados del Congreso de Michoacán se reunieron con ministros.

Ante la posibilidad de que las condiciones electorales cambien, Quiroz afirmó que el llamado “Movimiento del Sombrero” deberá buscar nuevas estrategias para mantener su presencia política y social.

La Suprema Corte tiene como fecha límite el 31 de agosto para resolver el proyecto, debido a que el 1 de septiembre comenzará formalmente el proceso electoral de 2027.