El gobierno federal rechazó una propuesta presentada por Germán Larrea, propietario de Grupo México, que buscaba reducir las responsabilidades legales y económicas de la empresa por el derrame tóxico de 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi.

La propuesta incluía que el Estado cubriera parte de los costos de remediación a cambio del retiro de una denuncia penal contra tres filiales del grupo minero.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que Grupo México debe cubrir la totalidad de los daños.

El gobierno exige medidas como el drenaje de ríos, disposición segura de sedimentos tóxicos, instalación de plantas potabilizadoras y atención médica para miles de afectados. Estas acciones, dijo, deben formalizarse con la participación de las comunidades.

El desastre ambiental, ocurrido el 6 de agosto de 2014, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, afectando a más de 22 mil habitantes en ocho municipios.

Aún se detectan metales pesados en agua, suelo y aire, lo que confirma una contaminación persistente. El caso es considerado el peor desastre ambiental por minería en la historia del país.

La denuncia penal presentada por Semarnat en 2023 sigue en curso y apunta a responsabilidades no solo por omisiones, sino por acciones activas que eximieron a la empresa durante la administración anterior.

El gobierno de Sheinbaum aseguró que no se aceptarán soluciones parciales y que se mantendrá la comunicación con las comunidades para garantizar justicia ambiental.