El consorcio empresarial Grupo Salinas informó que presentó una petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano, al que acusa de implementar una estrategia de persecución política y hostigamiento institucional en su contra desde el año 2023.

La denuncia fue encabezada por el presidente y fundador del grupo, Ricardo Salinas Pliego, y se formalizó durante una reunión en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. De acuerdo con el comunicado difundido por la empresa, el expediente entregado documenta presuntas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, derivadas del uso coordinado de mecanismos fiscales, judiciales y administrativos.

Ante el organismo internacional, la representación legal de Grupo Salinas expuso diversos elementos que, a su juicio, configuran un patrón de hostigamiento por parte de autoridades del Estado mexicano. Entre ellos, señalaron la criminalización de la crítica, al acusar que desde instancias oficiales y espacios gubernamentales se ha buscado afectar la reputación del empresario, mencionando que asuntos relacionados con Salinas Pliego han sido abordados en cientos de conferencias matutinas.

Asimismo, el grupo denunció un incremento en auditorías administrativas, las cuales según su versión se habrían duplicado durante las administraciones recientes en comparación con periodos anteriores. A ello se suma lo que califican como un uso político del aparato fiscal, al sostener que existe un trato discriminatorio en la resolución de controversias tributarias, con un objetivo coercitivo más que recaudatorio.

Tras el encuentro con el Relator Especial, Salinas Pliego aseguró en redes sociales que la documentación entregada a la CIDH contiene pruebas de lo que describió como un “acoso sistemático” en su contra y contra sus empresas, el cual afirmó busca intimidar y silenciar voces críticas.

El empresario advirtió que el caso trasciende su situación personal y representa un riesgo para el sector empresarial y el ejercicio de la libertad de expresión en México. En ese contexto, sostuvo que se estaría sentando un precedente negativo al utilizar instituciones del Estado como mecanismo de presión contra opositores políticos.

Con esta acción, Grupo Salinas busca que la CIDH determine la responsabilidad internacional del Estado mexicano y emita recomendaciones orientadas a garantizar la no repetición de los hechos denunciados, así como a reforzar la independencia judicial y la protección del derecho de propiedad y la libertad de expresión en el país.