En Colombia, varios grupos armados ilegales y disidencias de las antiguas FARC han intensificado acciones que afectan el desarrollo de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán en mayo. Las autoridades y observadores electorales han señalado que estas organizaciones han restringido rutas de transporte, impuesto toques de queda y amenazado a candidatos, lo que ha generado un clima de tensión en regiones estratégicas del país.

Regiones como Cauca, Norte de Santander y el sur del país han sido zonas donde grupos armados han llevado a cabo bloqueos en carreteras, lo que ha dificultado la movilidad de aspirantes políticos y sus equipos. En algunos casos, candidatos han tenido que suspender actos públicos o modificar su itinerario por advertencias de seguridad, ante el riesgo de emboscadas o ataques.

Las amenazas también han incluido mensajes directos a través de redes sociales y panfletos, en los que estas organizaciones han advertido a ciertos aspirantes que no pueden hacer campaña en territorios bajo su control. Familiares de algunos candidatos relataron que recibieron llamadas y mensajes intimidatorios, obligándolos a considerar medidas de protección policial.

Organizaciones civiles y misiones de observación internacional han expresado preocupación por el impacto de estas acciones en la libertad y transparencia del proceso electoral, alertando que podría haber votos coaccionados o impedimentos para que la ciudadanía ejerza su derecho al sufragio sin coacción.

El gobierno colombiano ha respondido desplegando más fuerzas de seguridad en zonas de riesgo y prometiendo protección a los candidatos amenazados, aunque expertos en seguridad señalan que la persistencia de estos grupos muestra retos importantes para el Estado en el control territorial y el aseguramiento de un ambiente electoral pacífico.