La imagen del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, como un político en la mira de la justicia federal, sumó una nueva y delicada dimensión: varias de sus propiedades están resguardadas por personal armado, según reveló la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con información contenida en el expediente judicial que se sigue en su contra, la presencia de guardias con armas en al menos dos inmuebles vinculados a Aureoles podría representar un riesgo operativo en caso de que se intente ejecutar la orden de aprehensión que pesa sobre él.

Las propiedades señaladas incluyen una residencia en la calle Hidalgo Oriente #155 en Zitácuaro, así como domicilios en el fraccionamiento Bosques de la Huerta y en la colonia Nueva Chapultepec, ambos en Morelia. En estos puntos, se ha detectado la presencia de escoltas armados cuya adscripción —privada o institucional— aún no ha sido determinada por completo.

Aunque la legislación mexicana permite la contratación de servicios de seguridad privada, la FGR considera que el contexto es crítico. Aureoles enfrenta acusaciones por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos durante su mandato, recursos que habrían sido canalizados mediante contratos irregulares relacionados con la construcción de siete cuarteles para la Policía estatal.

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Los fiscales federales argumentan que los esquemas financieros empleados en estos contratos muestran características típicas de lavado de dinero y triangulación de fondos públicos. Además, no descartan que el político esté tomando previsiones para resistir una posible detención.

El día de ayer, Aureoles logró una nueva victoria legal: un tribunal federal le restituyó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión, apenas 24 horas después de haber perdido la suspensión definitiva por no cumplir condiciones impuestas, como presentarse ante el juzgado y garantizar un monto económico determinado. Este vaivén judicial ha sido interpretado por la FGR como parte de una estrategia legal calculada para prolongar el proceso y evitar su captura.

Para la Fiscalía, el hecho de que sus propiedades estén resguardadas por personal armado añade una capa de complejidad. No se trata de una imposibilidad material de cumplimiento, subrayan fuentes federales, sino del riesgo latente de una confrontación o incluso de una eventual evasión.

El caso de Aureoles se suma a una larga lista de figuras políticas que enfrentan procesos penales mientras hacen uso de recursos legales para frenar las acciones judiciales.

Por ahora, la FGR mantiene su señalamiento: detrás de los muros de sus residencias, la resistencia no es solo jurídica, sino también física.