El municipio de Coahuayana, ubicado en la franja costera del suroeste michoacano, fue escenario de un nuevo episodio de violencia el pasado 10 de abril.

Dos cuerpos sin vida, con claros indicios de haber sido torturados, fueron localizados al mediodía en una brecha de terracería que conduce a la comunidad de La Esperanza.

El hallazgo, realizado por jornaleros locales, ha generado alarma entre los habitantes y reactivado las alertas en los cuerpos de seguridad del Estado.

Según los primeros reportes, las víctimas, ambas de sexo masculino, presentaban huellas visibles de violencia extrema: estaban atadas de pies y manos, y cada uno mostraba impactos de bala en la cabeza, lo que sugiere una ejecución directa.

No portaban identificación ni pertenencias que permitieran conocer de inmediato su identidad.

Tras el reporte ciudadano, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE). El sitio fue acordonado, y se iniciaron las diligencias correspondientes.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Lázaro Cárdenas, donde se llevarán a cabo análisis forenses y comparativas genéticas para facilitar su posible identificación.

La región donde ocurrió el crimen forma parte de un corredor históricamente disputado por organizaciones criminales, debido a su ubicación estratégica cercana a rutas de trasiego de drogas y madera extraída de manera ilegal.

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En los últimos años, municipios como Aquila, Chinicuila y el propio Coahuayana han registrado hallazgos similares: víctimas asesinadas en caminos rurales, con señales de tortura, en lo que especialistas y autoridades interpretan como mensajes de advertencia entre grupos rivales.

Funcionarios estatales que han dado seguimiento a estos casos señalaron, bajo reserva de su identidad, que la zona continúa siendo prioritaria para diversos grupos armados.

“El control de estas rutas no solo representa ventaja logística para el narcotráfico, sino también una fuente de ingresos por extorsión a actividades económicas locales”, indicaron.

La respuesta institucional ha sido intermitente. En municipios como Coahuayana, la capacidad operativa de las corporaciones municipales es limitada: el número de efectivos es bajo, el equipamiento insuficiente y el respaldo estatal es eventual.

Aunque se han desplegado operativos conjuntos en varias ocasiones, no existe una presencia sostenida que impida que los vacíos de poder se reproduzcan una y otra vez.

“La violencia no es diaria, pero cuando ocurre, es brutal. Aquí sabemos que estamos en territorio observado por los cárteles. Y cuando eso pasa, no hay quien cuide al pueblo”, relató un habitante de La Esperanza, quien pidió omitir su nombre por razones de seguridad.

El crimen no ha sido reivindicado, y hasta el momento no se ha reportado la detención de posibles responsables.