El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este sábado nuevos compromisos para mejorar la seguridad en las carreteras del país, luego de una reunión con representantes del sector transportista, quienes esta semana encabezaron un paro nacional junto con organizaciones de agricultores.

A través de un mensaje difundido en X, el funcionario informó que el encuentro se llevó a cabo por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y que derivó en un acuerdo para “fortalecer la seguridad en carreteras y proteger al gremio transportista”.

García Harfuch precisó que, junto con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación, se acordó reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento puntual a las carpetas de investigación abiertas en las fiscalías y aumentar la presencia de operativos en los tramos donde se registra mayor incidencia delictiva.

También adelantó que se integrarán nuevas medidas dentro de la estrategia nacional contra la extorsión, con el fin de atender denuncias por este delito que afectan tanto a choferes como a empresas de autotransporte.

El titular de la SSPC subrayó que se mantendrán mesas de trabajo permanentes con cámaras y asociaciones del sector para vigilar el cumplimiento de los acuerdos y evaluar resultados.

La reunión se realizó después del paro nacional que, del lunes 24 al jueves, provocó bloqueos en carreteras y aduanas fronterizas. Al anunciar el levantamiento de las protestas, David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), afirmó que, aunque el gremio no quedó “plenamente satisfecho”, consiguieron que el gobierno asumiera compromisos concretos frente a la creciente inseguridad en las vías del país.

Entre las principales demandas de los transportistas están el incremento de medidas de protección ante el aumento de asaltos y desapariciones de operadores en diversas entidades. Por su parte, los agricultores exigen precios más justos para sus productos y rechazan la nueva Ley General de Aguas, que eliminaría el intercambio de concesiones entre particulares y otorgaría a la Conagua la facultad exclusiva de redistribuirlas.