La Universidad de Harvard interpuso una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por la suspensión de más de dos mil 200 millones de dólares en financiamiento federal.

La denuncia, presentada ante un tribunal en Massachusetts, señala que la medida constituye una represalia inconstitucional por parte del gobierno para forzar cambios en su gestión institucional, programas académicos y prácticas de contratación.

En una declaración pública, el presidente de Harvard, Alan Garber, aseguró que la universidad defiende su autonomía y su derecho a cumplir sus funciones sin interferencias políticas.

“Las universidades deben poder ejercer su papel en la sociedad sin presiones externas indebidas”, sostuvo, subrayando que la campaña contra Harvard busca debilitar la independencia académica.

La suspensión de los fondos afecta subvenciones plurianuales y contratos federales ya asignados.

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Según declaraciones del propio Trump, esta medida se justifica por el presunto apoyo de Harvard a “ideologías peligrosas”, e incluso insinuó que la universidad podría perder su estatus de exención fiscal por actuar como una “entidad política”.

El conflicto ocurre en un contexto tenso dentro de los campus universitarios, donde se han intensificado las manifestaciones pro-palestinas y se han reportado casos de acoso contra estudiantes judíos.

Harvard ha enfrentado críticas por no sancionar presuntos actos antisemitas, mientras reitera su compromiso con los derechos de todos sus estudiantes.