La crisis de seguridad en Guanajuato ha dejado una marca dolorosa y profunda en las familias: un total de 4,493 niñas, niños y adolescentes han perdido a sus padres debido a homicidios o desapariciones. Estos menores, considerados víctimas indirectas de la violencia, enfrentan ahora una realidad marcada por la ausencia, quedando en su mayoría bajo el cuidado de sus abuelos u otros parientes cercanos que han tenido que entrar al quite para protegerlos. Celaya y su zona conurbada se mantienen como los puntos más críticos, concentrando la mayor cantidad de estos casos en el estado.

Para intentar mitigar este impacto, el gobierno estatal lanzó este año un fondo especializado con un presupuesto inicial de cinco millones de pesos, enfocado específicamente en hijos de mujeres víctimas de feminicidio o desaparición. Francisco Javier Juárez León, recientemente nombrado titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), ha señalado que el reto para 2026 es enorme, pues se proyecta un presupuesto de 100 millones de pesos para fortalecer la atención jurídica y psicológica de las víctimas en toda la entidad, buscando que estos apoyos lleguen de manera más ágil a quienes más lo necesitan.

El programa no solo ofrece un respiro económico con apoyos para alimentación y becas escolares, sino que también incluye planes de restitución de derechos y representación legal gratuita. La apuesta de las autoridades es que ningún menor se sienta solo en este proceso y que el estado asuma su responsabilidad de acompañarlos hasta que alcancen la mayoría de edad. Sin embargo, los colectivos de búsqueda y familiares insisten en que los recursos aún son limitados frente a la magnitud de la tragedia, por lo que el próximo año será decisivo para consolidar este sistema de protección integral.