Este viernes, Honduras vivió un hito en la nueva política migratoria de Estados Unidos, con la llegada de un avión militar que transportó a más de 70 hondureños deportados.

El vuelo aterrizó en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, en La Lima, departamento de Cortés, al noroccidente del país.

Este grupo de deportados marca el comienzo de las repatriaciones oficiales realizadas bajo el gobierno del presidente Donald Trump, tras su reelección el pasado 20 de enero, aunque vuelos anteriores ya habían trasladado a migrantes cuyos casos fueron procesados antes de su mandato.

El arribo de estos hondureños es el primero de varios vuelos programados para este viernes, con la llegada de tres aviones que, en total, traerían a 357 repatriados.

Los deportados fueron retornados a Honduras tras haber sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en diversas redadas o haberles sido negado el proceso de asilo en territorio estadounidense.

Las deportaciones son parte de las políticas migratorias más estrictas implementadas por la administración Trump, que se enfocan en la remoción de inmigrantes sin estatus legal.

A su llegada, los hondureños fueron recibidos por equipos del gobierno, que incluyen psicólogos, médicos y trabajadores sociales.

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La Cancillería de Honduras destacó que los deportados reciben atención en los Centros de Atención al Migrante Retornado, con el objetivo de garantizar un trato digno y respetuoso.

Asimismo, el gobierno hondureño se comprometió a facilitar la reintegración de los deportados a la actividad económica del país mediante programas de asistencia y apoyo psicológico.

En este contexto, la presidenta Xiomara Castro anunció el lanzamiento del programa “Hermano, vuelve a casa”, destinado a apoyar a los retornados.

Según Castro, cada deportado recibirá un apoyo de 100 dólares, además de una ración de alimentos y un capital semilla de mil 000 dólares para iniciar pequeños emprendimientos.

También se ofrecerán programas asistenciales y oportunidades de empleo en áreas como seguridad, policía y protección forestal, con el fin de facilitar la incorporación de los migrantes a la economía nacional.