Los hospitales públicos de Texas, Estados Unidos, preguntarán el estatus migratorio de los pacientes en cumplimiento de una orden del gobernador Greg Abbott a partir de este viernes 1 de noviembre.

La medida tiene la finalidad de recolectar información sobre el costo de los cuidados a los migrantes que no tienen un estatus legal para pasarle la factura al gobierno federal.

Aunque la norma no restringe a los hospitales a atender a los migrantes, pero obliga a los centros de salud a proveer informes sobre la carga económica que representa la atención.

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Los pacientes no están legalmente obligados a responder la pregunta y, según la ley federal, los hospitales están obligados a proporcionar detección y estabilización de emergencia.

Con la orden ejecutiva de Texas, emitida en agosto pasado, el gobernador republicano busca obtener un “reembolso” por parte del Gobierno del presidente Joe Biden de los gastos en los que el estado haya incurrido para “apoyar el cuidado médico” de los migrantes.

La normativa no especifica si el estatus legal se informará o no a las autoridades de inmigración.