El llamado huachicol fiscal habría permitido introducir a México alrededor de 935 millones de barriles de gasolina y diésel sin pagar los impuestos correspondientes entre 2019 y mediados de 2026, con un impacto estimado para el erario superior a 730 mil millones de pesos. La cifra es una estimación elaborada por Francisco José Barnés de Castro a partir de información fiscal, aduanera y del sector energético.

El esquema consiste en ingresar combustibles al país y declararlos ante las autoridades aduaneras como otros productos, entre ellos aceites o lubricantes, con una carga tributaria menor o inexistente. De esta manera se evita el pago completo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y posteriormente el combustible puede incorporarse al mercado nacional.

Barnés de Castro estima que entre 2019 y 2024 ingresaron ilegalmente unos 759.3 millones de barriles, equivalentes a más de 120 mil millones de litros. Para 2025 y lo transcurrido de 2026, calcula que el flujo irregular se mantuvo en niveles de entre 15 mil y 18 mil millones de litros anuales.

El fenómeno tiene antecedentes en el contrabando de combustibles por la frontera norte desde las décadas de 1970 y 1980. Con el paso de los años, las operaciones evolucionaron hacia redes que utilizan empresas, transporte terrestre, ferrocarriles y embarcaciones para introducir y distribuir los hidrocarburos.

La Fiscalía General de la República ha identificado al huachicol fiscal como una actividad que involucra redes de empresas fachada, importadores, operadores logísticos, agentes aduanales y mecanismos financieros para introducir combustible de procedencia ilícita y evadir impuestos.

Las estimaciones disponibles señalan que una parte importante del combustible irregular ingresa por vía marítima, además de operaciones mediante ferrotanques y pipas. Sin embargo, no existe una distribución oficial definitiva que determine con precisión el porcentaje correspondiente a cada modalidad.

El volumen estimado convierte al contrabando de combustibles en uno de los mayores problemas fiscales y energéticos registrados en México durante los últimos años, con afectaciones tanto a la recaudación como al mercado de hidrocarburos.