La elección de Hugo Aguilar Ortiz como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha generado reacciones encontradas entre pueblos indígenas y activistas sociales.

Mientras en el discurso oficial se celebra su origen mixteco como un paso histórico hacia la inclusión, diversas comunidades de Oaxaca, Morelos y la Península de Yucatán expresan preocupación por su papel en la implementación de megaproyectos federales durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Organizaciones como la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil señalan a Aguilar por haber legitimado despojos mediante consultas apresuradas, sin el debido consentimiento libre e informado.

Además, se le acusa de haber participado en prácticas de silenciamiento ante denuncias de acoso al interior del INPI, cuando fue parte de su equipo directivo.

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Activistas como Joaquín Galván y Mario Quintero critican que Aguilar haya sido impulsado por estructuras oficiales a través de una elección judicial considerada simulada, cuestionando su imparcialidad futura frente a casos de despojo de tierras.

También advierten que su trayectoria como funcionario del Estado representa una ruptura con el activismo indígena que una vez encabezó.

A pesar de la expectativa generada por su nombramiento, sectores críticos insisten en que Aguilar no representa las demandas reales de los pueblos originarios y lo acusan de fungir como instrumento político del oficialismo.

La duda persiste sobre si su desempeño al frente de la Corte será autónomo o si mantendrá su alineación con intereses gubernamentales y empresariales que han afectado históricamente a las comunidades indígenas.