El Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha instruido a sus agentes a no ingresar a viviendas sin una orden judicial y a limitar las detenciones en tribunales migratorios, en un giro significativo frente a prácticas recientes que habían generado fuertes críticas, según reveló la cadena NBC.

De acuerdo con fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la nueva directriz establece que los agentes deberán contar con una orden firmada por un juez para entrar a domicilios, dejando atrás lineamientos anteriores que permitían el uso de órdenes administrativas para realizar arrestos dentro de viviendas.

Esta modificación responde a la controversia generada por políticas implementadas desde 2025, cuando un memorando interno autorizó a agentes a ingresar a casas sin autorización judicial, lo que fue cuestionado por organizaciones civiles y expertos legales al considerar que vulneraba la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege contra registros y detenciones arbitrarias.

Además, ICE también ha reducido las detenciones realizadas en tribunales migratorios, enfocándose únicamente en personas extranjeras con órdenes de deportación vigentes. Este cambio forma parte de un ajuste más amplio en la política migratoria impulsada por la actual administración.

Las nuevas disposiciones se dan tras una ola de críticas por operativos realizados en enero en Minneapolis, donde murieron dos ciudadanos estadounidenses durante acciones vinculadas a la aplicación de leyes migratorias. El caso provocó cuestionamientos incluso dentro del Partido Republicano y derivó en la salida de la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem.

El nuevo titular del DHS, Markwayne Mullin, adelantó durante su audiencia de confirmación en el Senado que buscaría reorientar las estrategias de la agencia, exigiendo órdenes judiciales para ingresar a domicilios y priorizando la detención de migrantes en cárceles, en lugar de operativos comunitarios a gran escala.

El ajuste marca un intento por reducir la presión política y legal sobre las autoridades migratorias, al tiempo que redefine los alcances de sus operativos en territorio estadounidense.