En México, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) tiene un impacto en el bolsillo de los consumidores y también influencia en los hábitos de consumo.

Implementado inicialmente en 1980 para regular productos como alcohol y tabaco, el IEPS se amplió en 2014 a bebidas azucaradas y alimentos no básicos con alta densidad calórica, en un intento del gobierno por combatir la obesidad, un problema que afecta al país en niveles alarmantes.

El gravamen establece tarifas específicas: 1.64 pesos por litro para bebidas azucaradas, tasas de 30 % a 53 % para bebidas alcohólicas, y 25 % para energéticas.

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Además, alimentos con 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos, como botanas y dulces, están sujetos a 8 % de impuesto.

A pesar de sus objetivos, estudios han señalado que los ingresos recolectados no siempre se destinan a programas de salud, generando críticas sobre la eficacia del recurso.

Si bien ha habido una notable disminución en la compra de refrescos en algunos segmentos de la población, otros argumentan que el impuesto perjudica de manera desproporcionada a los consumidores de bajos ingresos, quienes suelen absorber el costo sin modificar su dieta.