La Iglesia católica de Panamá pidió perdón por las denuncias de abuso sexual contra menores de edad y personas adultas en situación de vulnerabilidad registradas entre 2001 y 2025, luego de la presentación de un informe independiente sobre la respuesta de la Arquidiócesis ante estos casos.

El arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, reconoció que hubo situaciones en las que integrantes de la Iglesia causaron daño y que la respuesta institucional no estuvo a la altura de lo que las víctimas necesitaban.

El informe, elaborado por una comisión internacional independiente a solicitud de la propia Arquidiócesis, identificó 37 denuncias en los archivos de la institución. De ese total, 24 casoscorrespondían a situaciones en las que la Arquidiócesis tenía una responsabilidad institucional que podía ser evaluada.

De los 24 casos, nueve involucraron a menores de edad, mientras que otros 11 correspondieron a personas adultas en condición de vulnerabilidad. En cinco de los casos relacionados con menores, los sacerdotes señalados terminaron separados del estado clerical.

La evaluación también encontró deficiencias en el registro y seguimiento de los expedientes. De los 24 casos analizados, solo siete contaban con una investigación documentada y dos tenían una resolución registrada.

Otro de los puntos señalados fue la falta de documentación sobre medidas de reparación para las víctimas. El informe no encontró constancia de que en alguno de los 24 casos se hubiera realizado una evaluación del daño sufrido y, a partir de ella, establecido una medida de reparación.

La investigación fue realizada por especialistas vinculados con la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y la Universidad Villanueva, en España. Para elaborar el documento se revisaron archivos diocesanos, testimonios y otros elementos relacionados con la actuación de la Arquidiócesis.

Ulloa señaló que la publicación del informe busca también alentar a otras posibles víctimas a presentar denuncias y reiteró que la Iglesia pretende acompañarlas en sus procesos de atención y búsqueda de justicia.

La comisión formuló 24 recomendaciones para mejorar la gestión de estos casos, entre ellas establecer un sistema de registro y seguimiento, fortalecer la atención a las víctimas y reforzar las medidas de prevención y rendición de cuentas.