Expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimaron que el costo económico directo del crimen y la inseguridad en América Latina alcanza el 3.44 % del PIB desde 2022, sin señales de mejora.

El costo abarca la trágica pérdida de vidas, la reducción de la calidad de vida y el incremento del gasto público en servicios de prevención y control, además de los gastos en seguridad por parte del sector privado en 22 de los 33 países de la región.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, alertó que la cifra equivale a casi el 80 % del presupuesto público destinado a educación, lo que implica que recursos que podrían invertirse en innovación y mejora de infraestructura están siendo absorbidos por las consecuencias del crimen y la violencia.

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Durante la inauguración del seminario “Crimen en Latinoamérica y el impacto para las políticas públicas”, Goldfajn enfatizó también los costos indirectos del crimen, que incluyen la disminución de la inversión, menor productividad empresarial, aumento de la migración e impacto negativo en el turismo.

La primera subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, añadió que el aumento de inseguridad se ha convertido en un determinante de la prosperidad y el desarrollo económico, impactando incluso en la integración de las mujeres al mercado laboral.

Un análisis del BID revela que entre 2014 y 2022, los gastos de empresas privadas en prevención de delitos y el gasto público para combatir el crimen promediaron entre el 3 % y el 3.5 % del PIB en 17 países de la región.

En México, el FMI destacó que el crimen, la inseguridad y la corrupción son obstáculos clave para nuevas inversiones y generación de empleo, con un costo más elevado en el sur del país, donde la percepción de inseguridad influye en las decisiones empresariales y en la presentación de denuncias debido a la impunidad y la corrupción en las fuerzas policiales.