La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel), bajo la dirección de José Agustín Ortiz Pinchetti, inició un conjunto de medidas destinadas a prevenir el uso indebido de recursos y programas públicos con propósitos político-electorales en 30 dependencias federales.

Dichas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto con la Secretaría de la Función Pública (SFP) para garantizar la integridad del proceso electoral.

Se estima que alrededor de un millón y medio de funcionarios públicos federales se verán favorecidos por las iniciativas de capacitación y concientización que se están llevando a cabo.

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Entre las acciones emprendidas se encuentran la distribución de material informativo, la colocación de mensajes en edificios gubernamentales, la difusión de comunicados a través de correos institucionales y la inclusión de información relevante en los recibos de pago de los servidores públicos.

El material informativo destaca los delitos electorales que los funcionarios públicos deben evitar, como condicionar servicios o trámites con fines político-electorales, solicitar aportaciones para apoyar a candidatos, utilizar recursos públicos para actividades proselitistas, entre otros.

Se advierte que aquellos que incurran en dichas prácticas podrían enfrentar sanciones, incluida la posibilidad de prisión preventiva.

Además, como parte de las medidas de “blindaje electoral”, se llevará a cabo el resguardo de inmuebles y vehículos antes de las elecciones del domingo 2 de junio, con el objetivo de prevenir su uso indebido durante el proceso electoral.