La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar un amicus curiae en el caso del feminicidio de Jessica González Villaseñor, con el objetivo de impedir que se reduzcan las condenas a quienes cometen este delito.

El recurso se deriva del Amparo Directo en Revisión 4872/2024, luego de que la pena impuesta al feminicida Diego Urik Mañón Melgoza –condenado inicialmente a 50 años de cárcel– fuera disminuida a 42 años y medio por un tribunal de alzada. La familia de la víctima promovió un amparo que resultó desfavorable y ahora el caso está bajo análisis del máximo tribunal del país.

De acuerdo con la CEDH y la FGE, la disminución de la condena vulnera el derecho a la justicia de las víctimas indirectas y envía un mensaje equivocado en un contexto donde la violencia de género es una problemática nacional. Por ello, las instituciones solicitan a la Corte emitir una resolución que refuerce la sanción de los feminicidios y siente jurisprudencia para evitar decisiones que reduzcan las penas en futuros procesos.

El amicus curiae destaca que los feminicidios requieren sanciones ejemplares y proporcionales al daño causado, además de resoluciones con enfoque de género que fortalezcan la confianza social en el sistema de justicia.

El presidente de la CEDH, Josué Mejía Pineda, y el titular de la Fiscalía, Carlos Torres Piña, firmaron el documento, reiterando su compromiso con las víctimas y con el impulso de políticas que garanticen un acceso pleno a la justicia para mujeres, adolescentes y niñas en Michoacán y en todo el país.