El abandono de hijas e hijos y el incumplimiento de las obligaciones alimentarias no deben considerarse conductas normales, sino delitos que ameritan sanciones penales, coincidieron autoridades y legisladoras durante el foro “Construyendo Justicia: Ley Cazzu y Protección contra la Violencia Vicaria”, realizado en Morelia.

Durante el encuentro, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano González, sostuvo que quienes abandonan a sus hijos deben enfrentar consecuencias legales, al señalar que este tipo de conductas vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En el foro se respaldó la iniciativa conocida como “Ley Cazzu”, promovida en el Congreso del Estado por la diputada Sandra María Arreola Ruiz, la cual busca fortalecer las sanciones contra los deudores alimentarios e impedir que la patria potestad sea utilizada como una forma de violencia vicaria o de presión contra las madres.

La legisladora explicó que la propuesta surgió a partir de testimonios de mujeres que enfrentan solas la crianza de sus hijos y que, además de asumir la responsabilidad económica, encuentran obstáculos legales cuando el padre ausente se niega a autorizar trámites o decisiones relacionadas con los menores.

Durante las mesas de análisis también participó la abogada Carla Rodríguez Martínez, quien expuso que muchas mujeres enfrentan procesos judiciales prolongados y desgastantes para reclamar pensiones alimenticias o proteger a sus hijos. Señaló que, en diversos casos, las madres deben superar exigencias probatorias excesivas mientras los procedimientos se alargan durante meses o incluso años.

El foro reunió a diputadas, especialistas y representantes de colectivos feministas, quienes analizaron los alcances de la iniciativa y coincidieron en la necesidad de fortalecer el marco jurídico para garantizar el interés superior de la niñez y evitar que los conflictos entre los progenitores afecten el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

La propuesta continúa su análisis en el Congreso de Michoacán como parte de las reformas enfocadas en combatir la violencia vicaria y reforzar la protección de los derechos de la infancia.