El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sostuvo que las intervenciones realizadas en el Parque de la Memoria Báalam Tun, en Quintana Roo, se llevaron a cabo conforme a los procedimientos establecidos para la protección del patrimonio arqueológico.

La postura del organismo surge después de los cuestionamientos de especialistas y de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por presuntas afectaciones a estructuras mayas intervenidas durante los trabajos relacionados con los tramos 6 y 7 del Tren Maya.

De acuerdo con el INAH, los protocolos utilizados para el traslado de los monumentos arqueológicos cuentan con validez legal y fueron aplicados con apego a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. La institución también señaló que las labores tuvieron autorización del Consejo de Arqueología y consideraron criterios internacionales para la conservación del patrimonio.

Sin embargo, los cuestionamientos continúan. El abogado Raymundo Tamay Tun, quien representa a arqueólogos que denunciaron el caso, sostiene que la legislación mexicana no contempla trasladar estructuras arqueológicas de la manera en que se realizó en Báalam Tun. Según su interpretación, el INAH debió modificar o desviar las obras cuando existiera riesgo para los monumentos, pero no desmontarlos y reconstruirlos en otro sitio.

La denuncia presentada en julio señala a 26 funcionarios y exfuncionarios del INAH, entre ellos integrantes del Consejo de Arqueología, y plantea posibles delitos relacionados con la protección del patrimonio cultural mexicano.

Uno de los principales puntos de controversia es el documento que supuestamente autorizó el traslado de las estructuras. Los denunciantes aseguran que no se les ha mostrado oficialmente dicho documento y cuestionan que el procedimiento empleado haya permitido conservar la autenticidad y el contexto histórico de los vestigios.