A tres días de la polémica declaración del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el país sigue digiriendo sus palabras. “Hay que abatirlos”, en referencia a delincuentes armados, tras el siniestro asesinato de una funcionaria de su administración a plena luz del día, no fue solo un exabrupto retórico. Se ha convertido en símbolo de un hartazgo generalizado, pero también en catalizador de un debate urgente: ¿hasta dónde debe llegar el uso de la fuerza en México?

La indignación se propagó como pólvora. Organismos de derechos humanos, colectivos de víctimas, juristas y analistas en seguridad condenaron la instrucción del edil, que muchos consideran una incitación a la violencia estatal sin control judicial. Aunque la frase resuena con fuerza en sectores cansados de la impunidad, su trasfondo legal y ético ha generado un rechazo transversal.

La Presidencia de la República, en voz de Claudia Sheinbaum, fue clara: en México debe imperar el Estado de Derecho. Y si bien la mandataria evitó descalificar personalmente al alcalde, su postura reveló el desconcierto que sus declaraciones han provocado incluso dentro de las estructuras oficiales.

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En el Congreso, legisladores de distintos partidos han solicitado una investigación por posible apología de la violencia, mientras que en redes sociales, usuarios exigen una postura más firme del gobierno estatal y federal ante lo que consideran un “discurso paramilitar”.

Lo cierto es que Manzo no se ha retractado. Por el contrario, ha insistido en su visión de una policía que no tema responder con fuego. Su retórica ha sido celebrada por algunos sectores como una muestra de valor político frente a una criminalidad rampante. Pero esa celebración también refleja un peligroso desplazamiento: la erosión de la confianza en la ley como vía de justicia.

Hoy, lo que está en juego ya no es solo una declaración desafortunada. Es el modelo de autoridad que se normaliza. Uruapan, golpeada por la violencia, vuelve a ser epicentro de una discusión que atraviesa todo el país: ¿cómo se responde al crimen sin renunciar a la legalidad?

Durante los primeros nueve meses de su administración, Uruapan registró 147 homicidios dolosos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La violencia, lejos de contenerse, ha mantenido a la ciudad entre las más peligrosas del estado, y el discurso del alcalde parece responder más a una desesperación institucional que a una estrategia efectiva.

En contextos asfixiados por la violencia, discursos como el de Uruapan pueden leerse como gestos de autoridad o como señales de extravío. Al final, será la sociedad, y no solo la ley, la que defina si estos enunciados marcan un punto de inflexión necesario o el umbral de algo que no se debería cruzar.