Aunque el proceso electoral federal aún no inicia formalmente, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha identificado indicios de actividad política adelantada en gran parte del país, con reportes en 27 entidades federativas relacionados con posibles actos anticipados de campaña.

El consejero del organismo, Arturo Castillo, advirtió que desde abril se ha observado la difusión de propaganda vinculada a aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de 2027, así como a procesos internos de partidos para la definición de perfiles.

El funcionario llamó a reforzar la regulación vigente y establecer criterios más claros de supervisión ante lo que calificó como una zona gris en la actuación de partidos y aspirantes.

“Necesitamos emitir a la brevedad lineamientos para poner una lupa sobre lo que está sucediendo con los partidos políticos en todo el país”, expuso, al señalar que el árbitro electoral aún no cuenta con herramientas suficientes para ordenar estas dinámicas.

De acuerdo con el INE, en al menos 23 estados se ha detectado la presencia de propaganda impresa asociada a figuras que participan en procesos internos bajo denominaciones como “coordinadores” o “defensores”, cargos que posteriormente podrían convertirse en candidaturas formales.

Este tipo de actividades ha encendido alertas dentro del instituto, al considerar que podrían estar anticipando de facto la contienda electoral antes de los tiempos establecidos.

El reporte también incluye que ocho personas han hecho públicas sus intenciones de competir por cargos de elección popular en 2027 mediante entrevistas en medios de comunicación de alcance nacional.

A ello se suma el registro de 17 renuncias o solicitudes de licencia de funcionarios públicos que habrían dejado sus cargos para incorporarse a actividades relacionadas con el próximo proceso electoral.

En paralelo, el INE ha recibido alrededor de 180 quejas y denuncias en 15 estados por posibles irregularidades vinculadas con movimientos anticipados de aspirantes o el uso de cargos públicos con fines políticos.

Ante este panorama, el órgano electoral mantiene la revisión de criterios para delimitar con mayor precisión qué prácticas constituyen promoción indebida, en un contexto donde la competencia política comienza a intensificarse antes de los tiempos oficiales.