El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones superiores a 700 millones de pesos a partidos políticos tras concluir la fiscalización de los recursos utilizados durante los procesos electorales de 2024, uno de los ejercicios de revisión más amplios realizados por la autoridad electoral.

Las multas derivan de irregularidades detectadas en el reporte de gastos de campaña, entre ellas la omisión de informar pagos relacionados con encuestas utilizadas como propaganda digital, promoción política o estrategias de confrontación entre candidatos.

Durante el proceso de revisión, la autoridad electoral identificó casos en los que estudios demoscópicos difundidos en redes sociales y plataformas digitales no fueron reportados correctamente dentro de los informes financieros presentados por los partidos.

El uso de encuestas como herramienta de posicionamiento político ha sido uno de los puntos de mayor atención en los últimos procesos electorales, debido a que estos ejercicios pueden influir en la percepción pública sobre la competencia electoral si no cumplen con reglas de transparencia.

En resoluciones recientes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó sanciones contra diversas empresas encuestadoras por incumplir disposiciones relacionadas con la difusión de estudios de opinión durante campañas.

Entre las firmas señaladas se encuentran Demoscopia Digital, Electoralia, Datos y Análisis, Masive Caller y Voz y Voto, a las que se les atribuyeron irregularidades como la falta de información metodológica o la difusión de encuestas sin cumplir los requisitos establecidos por la legislación electoral.

El INE ha advertido que cuando las empresas o los actores políticos no entregan la información técnica que respalde sus estudios, la autoridad puede emitir amonestaciones públicas y, en casos de reincidencia, imponer sanciones económicas.

Las multas por publicación irregular de encuestas pueden alcanzar hasta 220 mil pesos por cada estudio difundido sin cumplir los requisitos legales, además de las sanciones aplicadas directamente a partidos cuando estos gastos no se reportan dentro de su contabilidad electoral.

El proceso de fiscalización forma parte del sistema de control del financiamiento político en México, mediante el cual el INE revisa miles de operaciones financieras, contratos, propaganda y gastos de campaña para verificar que los partidos utilicen recursos públicos y privados conforme a la legislación electoral.