El fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización del dinero que fluye en las campañas políticas se perfila como uno de los ejes centrales de la propuesta de reforma electoral que impulsa el Instituto Nacional Electoral. El organismo prevé presentar este planteamiento el próximo 12 de enero ante la Comisión Presidencial encargada de elaborar la iniciativa, con el objetivo de cerrar espacios al uso de recursos de procedencia ilegal dentro de los procesos comiciales y reforzar la transparencia en el sistema.

La propuesta surge de un documento amplio, integrado por alrededor de 300 puntos, que fue avalado por unanimidad de los once consejeros del INE. En él se plantea la necesidad de garantizar la trazabilidad del financiamiento que utilizan los candidatos, especialmente en un escenario donde las operaciones financieras se realizan cada vez más a través de medios digitales. El énfasis está puesto en actualizar los programas de fiscalización para seguir el rastro del dinero con mayor precisión y oportunidad.

Dentro de las medidas consideradas se incluye un mayor aprovechamiento de tecnologías de la información, así como mecanismos de control frente al uso de inteligencia artificial y otras herramientas digitales. El objetivo es mejorar la detección de prácticas como la triangulación de recursos o el uso indebido de financiamiento. De acuerdo con el calendario previsto, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, presentará durante el primer trimestre del año un primer borrador que deberá ser discutido y, en su caso, aprobado por el Poder Legislativo.