Con el objetivo de garantizar la equidad en la elección judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido que los candidatos no podrán financiar encuestas o sondeos de opinión.

Aquellos que infrinjan la norma enfrentarán consecuencias en la fiscalización de sus ingresos y gastos, según lo determinado por la comisión organizadora de los comicios.

El presidente de la comisión, Jorge Montaño, aclaró que la evaluación de posibles actos anticipados de campaña por parte de aspirantes a juzgadores aún no está bajo la jurisdicción del INE, sino que corresponde a los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión.

Montaño destacó que cualquier irregularidad relacionada con miembros del Poder Judicial que busquen continuar en sus cargos debe ser atendida por dichos comités.

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Durante una sesión extraordinaria, se reafirmó que los únicos resultados válidos del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 serán los que emita el INE o el Organismo Público Local correspondiente.

Además, se estableció que la Coordinación Nacional de Comunicación del INE será responsable de monitorear las redes sociales y plataformas digitales en busca de encuestas no autorizadas.

El INE también aprobó lineamientos que regulan la realización de encuestas y sondeos de opinión, exigiendo que las entidades encargadas adopten criterios científicos y hagan pública su metodología.

Se prohibirá la contratación de encuestadoras por parte de los candidatos, con el fin de preservar la integridad del proceso electoral.

Montaño expresó su preocupación por los retos que el proceso electoral extraordinario presenta, señalando que el marco normativo actual es insuficiente para abordar las diversas situaciones que podrían afectar la equidad en la contienda.