El Instituto Nacional Electoral (INE) propone un límite de 34 millones 370 mil 666 pesos para gasto de aspirantes a una candidatura presidencial, ya sea por Morena o por el frente opositor.

El documento es un borrador que el INE prevé discutir esta noche, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenara fijar los lineamientos para los procesos internos rumbo a 2024.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, señaló que el documento se seguirá trabajando hasta la noche de este miércoles, que es el límite marcado por el Tribunal Electoral, por lo que podría no ser la versión final del acuerdo.

Sobre el monto de los 34 millones 370 mil 666 pesos, un porcentaje de esta cantidad puede ser aportada por los mismos aspirantes, con un límite individual de 2 millones 148 mil 166.62 pesos, que puede ser en dinero o especie.

Las aportaciones en dinero o especie por parte de los militantes y simpatizantes, distintos a las personas inscritas o participantes consideradas será hasta por un límite individual de 537 mil 41 pesos.

Además, el documento también plantea prohibir recepción de aportaciones o donativos, en dinero o en especie, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de las entidades federativas y los ayuntamientos; de dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno de la ciudad de México ni de los organismos autónomos federales, estatales y de la Ciudad de México.

El INE también detalló que los partidos podrán emplear su financiamiento público ordinario para el conjunto de gastos de organización de sus procesos políticos, con excepción de los recursos destinados a actividades específicas y para el liderazgo de la mujer.

Los partidos podrán recibir aportaciones en efectivo y en especie de las personas que participen en los procesos políticos, así como de sus militantes y simpatizantes, las cuales, deberán registrarse dentro del periodo ordinario y soportarse con los formatos correspondientes.

Sobre el proceso de fiscalización de los procesos políticos, el documento señala dicha fiscalización será especializada, adecuada, expedita y apegada a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y rendición de cuentas.