El Instituto Nacional Electoral (INE) implementará un “modelo de riesgo” para detectar candidaturas al Poder Judicial que pudieran tener vínculos con el crimen organizado.

La estrategia se centrará en la fiscalización detallada de los ingresos y gastos de campaña, rastreando el flujo de dinero de los contendientes.

Hasta el momento, los candidatos han reportado gastos por más de 20 millones de pesos. Cada aspirante puede erogar hasta 1.4 millones de pesos de su propio bolsillo, siempre cumpliendo con estrictas normas del INE.

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La presidenta de la comisión de Fiscalización del INE, Carla Humphrey, advirtió que cualquier sospecha en ese ámbito será remitida a la Fiscalía de Delitos Electorales.

La medida es complementaria a los mecanismos ya existentes para identificar candidatos con acusaciones o sentencias relacionadas con violencia, deudores alimentarios o prófugos de la justicia.

“Son vías distintas… más la revisión que haremos desde fiscalización con un modelo de riesgos para, digamos, tener claridad de cuáles son las candidaturas que en su caso pueden generar mayores riesgos para, por ejemplo, la injerencia del crimen organizado en este proceso electoral”, explicó Humphrey.

Agregó que el objetivo es garantizar que solo los candidatos que cumplan con los requisitos de elegibilidad puedan acceder a un cargo en el Poder Judicial.

El INE se reserva el derecho de retirar candidaturas en caso de incumplimiento.