El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reconoció que el año pasado le pagó a miembros del crimen organizado para poder entrar a las comunidades que tienen bajo su control y realizar los Censos Económicos y Agropecuarios, tal es el caso de Michoacán y Guerrero.

La directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Inegi, Susana Pérez, declaró ante una comisión de la Cámara de Diputados que empleados del organismo se vieron obligados a contratar delincuentes para realizar algunas entrevistas del censo.

Además, agregó que uno de los funcionarios fue secuestrado mientras intentaba realizar entrevistas. “Tuvimos algunos tropiezos; el primer día, reportamos una persona como secuestrada y duró varios días así. Después de eso ya no tuvimos más”, señaló.

Pérez afirmó que el Inegi tuvo que emplear varios métodos para poder operar en las regiones problemáticas.

En los estados de Michoacán y Guerrero, los cárteles de la droga pueden querer influir en los resultados de las encuestas para impulsar las candidaturas de políticos que estarían aliados con ellos, según analistas.

Sobre los resultados preliminares del Censo Agropecuario 2022, indicaron que los altos costos de insumos y servicios son el principal problema que enfrentan los productores agropecuarios.

En Michoacán, los residentes reconocieron recientemente que casi todos los productos básicos de su región costaban entre 30 % y 50 % más porque los cárteles de la droga controlaban la distribución, y que la situación era conocida por las autoridades.