Exfuncionarios públicos sancionados e inhabilitados por la Secretaría  de la Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem) adeudan más de 650 millones de pesos a las arcas estatales.

Expedientes acumulados desde el 2019 revelan el impacto económico de las irregularidades de la función pública a las finanzas estatales de los últimos cinco años.

En la última actualización de la Secoem, con corte al 2 de mayo, hay más de 120 procedimientos de inhabilitaciones en contra de funcionarios estatales, municipales e incluso judiciales.

Sin embargo, la cifra sería mucho mayor y superaría los miles de millones de pesos en reintegro, debido a que la mayoría de los sancionados incluidos en el padrón de la Secoem recurrieron a amparos, por lo que el monto de reintegro se encuentra en blanco en las listas de la plataforma o con la leyenda “no aplica”.

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La actualización del Padrón de Funcionarios Sancionados de la Secoem detalla que en mayo se agravaron otros 20 procedimientos administrativos en el estado.

De los que se desprenden 16 procedimientos en contra de funcionarios municipales de Morelia, a los que sancionó la propia Contraloría Municipal del Ayuntamiento capitalino.

Las causas de las inhabilitaciones son omisiones en declaraciones patrimoniales, violación a los procedimientos de contracción y negligencias administrativas.

Entre las sanciones de reintegro más escandalosas se encuentra la del extesorero de Michoacán, Miguel López Miranda, quien adeuda más de 500 millones de pesos al estado por concepto de negligencia administrativa y violaciones a las leyes y normatividad presupuestal.