El Ejército mexicano y la Guardia Nacional iniciaron un operativo conjunto en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, en cumplimiento del acuerdo entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, para reforzar las medidas contra la migración y el tráfico de fentanilo.

Durante el despliegue, los elementos de seguridad aseguraron más de 30 escaleras y sogas utilizadas por traficantes de personas para facilitar el cruce de migrantes hacia territorio estadounidense.

Estas acciones forman parte del reforzamiento de la vigilancia anunciado tras la conversación entre Sheinbaum y Trump, quien acordó aplazar la imposición de aranceles del 25 % a México a cambio de mayores esfuerzos en la seguridad fronteriza.

La mandataria mexicana calificó el despliegue de 10 mil efectivos de las Fuerzas Armadas como un “buen acuerdo” para México, mientras que Trump aseguró que los soldados estarán específicamente designados para detener el flujo de fentanilo y migrantes.

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El operativo se concentra en zonas vulnerables donde se han registrado cruces constantes de migrantes y actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Para ello, se han desplegado vehículos militares, elementos motorizados y equipos de vigilancia con drones.

No obstante, la presencia de las fuerzas de seguridad ha generado reacciones encontradas: mientras algunos sectores la consideran una medida efectiva, organizaciones de derechos humanos expresan su preocupación por el impacto en los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos.

Expertos en política migratoria advierten que el aumento de la vigilancia podría obligar a los migrantes a recurrir a rutas más peligrosas para evitar los operativos militares.

Asimismo, sostienen que la militarización de la frontera no aborda las causas estructurales de la migración, como la pobreza y la violencia en los países de origen. Las autoridades mexicanas han informado que los operativos continuarán y serán evaluados en coordinación con el Gobierno estadounidense.